Un informe de la Fundación Pere Tarrés y UNICEF España refleja las dificultades de los niños de origen extranjero para acceder a sus derechos. Se alerta de situaciones extremas en las que los niños no pueden cubrir necesidades básicas, acceder a ayudas públicas, atención primaria y educación.
Los niños y niñas de familias inmigrantes que viven en España tienen dificultades para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la educación o la salud, según el informe Abriendo ventanas: infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social, presentado hoy por UNICEF y la Fundación Pere Tarrés.
Para la redacción del documento se han entrevistado a 106 profesionales implicados en el trabajo con el colectivo de hijos de inmigrantes, y a ocho menores de nacionalidad extranjera.
Los expertos alertan de algunas situaciones extremas en niños de origen extranjero que tienen dificultades para cubrir las necesidades alimentarias, que van a la escuela sin desayuno o sin ducharse porque no tienen agua en casa, o que no pueden pagar las medicinas.
En el año 2009, había en España 971.479 menores con nacionalidad extranjera, es decir, el 12% de la población menor de 18 años, concentrándose principalmente en Cataluña (21%), Madrid (18%), Comunidad Valenciana (14%) y Andalucía (12%).
La mayoría de la población de 0 a 17 años nacida en el extranjero procede de países europeos (35%) y americanos (48%), seguidos por los africanos (14%) y los asiáticos (6%). En primer lugar se encuentra Rumanía, con un 12% de la población, seguido de Ecuador (12%), Marruecos (11%) y Colombia (7%). El primer país asiático es China (4%).
El informe ha sido elaborado por las investigadoras Violeta Quiroga y Ariadna Alonso, de la Fundación Pere Tarrés, y analiza los factores que pueden conducir estos niños a una situación de riesgo social. Este trabajo de investigación pone de manifiesto dificultades a la hora de empadronar a los niños debido a requerimientos de los ayuntamientos, a circunstancias familiares (alta movilidad de las familias) o a la imposibilidad de algunos menores acogidos en centros de protección de empadronarse por no disponer del documento de identificación con una fotografía.
Esta situación repercute en el acceso de los niños a servicios básicos como la sanidad. De hecho, se han detectado casos de retirada de tarjetas sanitarias por falta de documentación.
El informe, presentado hoy, pone de manifiesto la existencia de dilemas y controversias jurídicas entre el ordenamiento jurídico migratorio y el de protección de los derechos de los niños, ya que detecta limitaciones a la hora de tramitar ayudas públicas y de situaciones que vulneran el derecho a la reagrupación familiar.
Los expertos también destacan que los cambios continuos de los programas de enseñanza, la no inclusión de la diversidad cultural en el currículo académico y la incomprensión entre las familias y los colegios, representan un obstáculo para la formación. Estos problemas se ven agravados por el conocimiento a veces insuficiente de la lengua, sobre todo en niños de habla no hispana, y por los problemas económicos que afectan a las familias como consecuencia de la precariedad laboral y la falta de trabajo.
En el ámbito familiar, el documento subraya la ausencia de redes familiares extensas, una insuficiente supervisión parental, violencia como medida correctora o confrontación entre padres e hijos.
Una ausencia de control que repercute también en el mantenimiento de concepciones y pautas culturales en campos como el de la salud sexual y reproductiva.
Por esta razón, el informe recomienda que se faciliten los trámites y requisitos para la reagrupación familiar de los hijos menores de edad, así como las ayudas que puedan minimizar las situaciones de riesgo.
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